¿Qué implica declararse en insolvencia económica de persona natural no comerciante?

En cifras oficinales del Ministerio de Justicia y del derecho el año pasado se acogieron a la ley de insolvencia 1930 persona en todo el territorio nacional y en lo que va corrido del año 2019 van 682 personas admitidas.

Según la Superfinanciera Las cifras indican que al corte de diciembre de 2017 cerca de 195 mil deudores cumplirían las condiciones de declaratoria de insolvencia descritas por la Ley 1564 de 2012 pero solo se acogieron 1.228.

Es decir que el número de los deudores que cumplen las condiciones de la Ley de insolvencia para personas representa el 2,9% de la cartera con destino a hogares, mientras que los casos declarados SOLO ascienden al 0,1% del número de deudores.

En el 2018 Cali fue la ciudad donde por densidad poblacional se presentaron mayor número de solicitudes de insolvencia en Colombia con un número de 552.

Así entonces, en total en el del departamento del Valle del Cauca se presentaron 554, teniendo lugar 1 en Yumbo y 1 en Palmira, el resto se presentaron en Cali que frente a las 589 que se presentaron en Bogotá D.C. ubica a la ciudad en el puesto número 1 del país.

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Fuente Presentación “Ley de insolvencia persona natural no comerciante: impacto sobre el sector financiero”. Superintendente Financiero de Colombia.

¿Cómo saber si es conveniente para usted acogerse a la ley de insolvencia?

Si bien es la ley misma la que en su artículo 538 introduce los requisitos para acogerse al régimen de insolvencia, pudiéndose declarar en insolvencia aquellas personas que tengan obligaciones vencidas con 2 o más acreedores, por más de 90 días, que representen por los menos el 50% del total de sus dudas, cuyo tenor literal es el siguiente:

ARTÍCULO 538. SUPUESTOS DE INSOLVENCIA. Para los fines previstos en este título, se entenderá que la persona natural no comerciante podrá acogerse a los procedimientos de insolvencia cuando se encuentre en cesación de pagos.

Estará en cesación de pagos la persona natural que como deudor o garante incumpla el pago de dos (2) o más obligaciones a favor de dos (2) o más acreedores por más de noventa (90) días, o contra el cual cursen dos (2) o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva.

En cualquier caso, el valor porcentual de las obligaciones deberá representar no menos del cincuenta (50%) por ciento del pasivo total a su cargo. Para la verificación de esta situación bastará la declaración del deudor la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

Tenga en cuenta que la decisión de acogerse a esta ley va más allá del cumplimiento formal de los requisitos, no solo basta con encontrarse en mora con el pago de sus obligaciones, esta ley está diseñada para quienes se encuentran en una incapacidad definitiva de hacer frente a sus obligaciones.

Para estas personas con un real deterioro financiero los beneficios de la ley resultan ser una tabla de salvación que le ofrece una oportunidad única de lograr acuerdos de pago de forma colectiva con todos sus acreedores, pagando directamente a capital y en cuotas.

Principales beneficios de declararse en insolvencia económica

  1. Trámite legal: el proceso se encuentra totalmente regulado en la ley, por lo que las audiencias, el trámite y los acuerdos logrados se encuentran respaldados jurídicamente.
  2. Acuerdo con el total de acreedores: usted logra una negociación y un acuerdo de pago colectivo, proponiendo un plan de pago en 60 meses o más a todos los acreedores respetando la prelación legal , que es el orden en que la ley ha señalado que se le pague a los acreedores.
  3. Suspensión de procesos: con la admisión en el trámite es posible lograr obtener un respiro por cuenta de la suspensión de los descuentos por concepto de embargo de salarios, al igual que los procesos de embargo de los bienes inmuebles como la vivienda familiar y los vehículos.
  4. Plan de pago: se propone una fórmula de pago que permita pagarle a todos los acreedores respetando la prelación que trae la ley, en un plazo y en cuotas considerando tanto sus ingresos como sus gastos de subsistencia referidos estos a los necesarios para su sostenimiento y el de las personas a cargo, además de los gastos de administración referidos estos a los gastos que se generan mensualmente cómo el pago del arrendamiento.

¿Que se necesita para iniciar?

Deber una suma mayor de $50.000.000, en dos o más deudas de:

+ Créditos con entidades bancarias.

+ Tarjetas de almacenes de cadena.

+ No negociamos con prestamistas particulares.

Presentar mora en el pago de las obligaciones.

Tener una propuesta de pago a los acreedores teniendo en cuenta tus bienes e ingresos.

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Descargar formulario aquí

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Whatsapp aquí

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Tel: (57.2) 397 61 63 / 396 18 32 Cel: 3003009856:: Cra 4 # 10-44 Oficina 906:: Cali, Colombia

¡Si existe una salida! Ley de insolvencia para personas

Existen situaciones en la vida de las personas sobre las cuales no se tiene el control como por ejemplo la pérdida de un empleo, gastos que sobrevienen sin estar planeados, enfermedades que afectan la salud; estas circunstancias impiden percibir los mismos ingresos y así se afecta o disminuye la capacidad de pago de las personas.

Para cuando no se puede cumplir con los compromisos financieros adquiridos y se entra en mora, en la ley colombiana existe una ley llamada “Ley de insolvencia” para las personas naturales no comerciantes, esta herramienta legal le permite a los deudores con dificultades económicas llegar a un acuerdo de negociación de deudas con todos su acreedores

¿Cuáles son los beneficios de la Ley de insolvencia?

  • Se suspenden todos los proceso judiciales que se hayan iniciado en su contra para el cobro de sus deudas y los embargos, esto una vez radica y aceptada la solicitud.
  • Podrá proteger el dinero necesario para asumir sus gastos personales y los de su familia a cargo.
  • Negociar sus deudas a través de un acuerdo con todos sus acreedores.
  • Es un proceso regulado en la ley lo que garantiza el cumplimiento de los acuerdos.

¿Cuáles son los requisitos de la Ley de insolvencia de persona natural?

  • Ser persona natural y no realizar actividades de carácter mercantil.
  • Tener dos o más obligaciones vencidas.
  • Las obligaciones vencidas deben ser con dos o más acreedores diferentes.
  • Las obligaciones vencidas tienen que estar con más de 90 días de mora.
  • Estas obligaciones vencidas deben representar más del 50% del total de sus deudas.

¿Cuánto tiempo dura el proceso?

En Colombia los procesos Ley de insolvencia de persona natural tienen como plazo máximo 60 días prorrogables sólo por 30 días más.

¿Cómo puedo iniciar mi proceso de insolvencia?

Agenda hoy mismo tu cita, escuchamos tu caso para presentarte una propuesta de acompañamiento financiera y jurídica que se adapte a los requerimientos de tu proceso, permitiendo lograr un acuerdo con todos los acreedores. Para ello te solicitamos la siguiente información:

  • Relación de acreedores: se deben relacionar todas las obligaciones, tanto las que se encuentran en mora como las que están al día en su pago.
  • Bancos: estado de cuenta de los créditos.
  • Persona natural: soporte de la deuda, letra de cambio, pagaré, etc.
  • Impuestos: copia de la factura del impuesto predial, impuesto de rodamiento.
  • Líneas celulares: copia del recibo de cobro.
  • Relación de bienes: certificados de tradición de los inmuebles, certificado de tradición de los vehículos.
  • Relación de procesos judiciales: si los tiene, indicar que tipo de proceso es (hipotecario o quirografario), ante que juzgado se adelanta, el número de radicación y el estado en que se encuentra el proceso (se encuentra con fecha para remate).

¿Cuánto vale el proceso?

Para saber el valor del proceso y presentarte una propuesta de acompañamiento, nuestra firma de abogados tiene un equipo de profesionales en el tema de insolvencia que te brinda apoyo y orientación inmediata, durante nuestra asesoría se te informa el monto a pagar por el proceso teniendo en cuenta el proceso a adelantar, ya sea liquidación patrimonial o acuerdo de negociación de deudas y el monto del pasivo a negociar. Cotizar.

¿Ante quien se inicia el proceso?

Una vez se cumplan los requisitos legales antes expuestos para poder acogerse al régimen de insolvencia de persona natural, ante los centros de conciliación habilitados por el Ministerio de Justicia para realizar el tramite.


Documentos

1. Datos del interesado en acogerse a insolvencia.
2. Estado civil (sociedad conyugal y patrimonial).
3. Causas que originaron la situación de insolvencia.
4. Relación de Acreedores con los montos totales de las obligaciones.
5. Inventario de bienes muebles e inmuebles.
6. Fuente de Ingresos y ocupación laboral.
7. Relación de Gastos de subsistencia.
8. Determinación de obligaciones alimentarias a cargo.
9. Total egresos.


Importante

NO se aplicará a las personas naturales que realicen actividades de carácter mercantil, NO se aplicará a las personas naturales no comerciantes que tengan la condición de controlantes de sociedades, cuya insolvencia se sujetará al régimen previsto en la Ley 1116 de 2006 o “Ley de insolvencia empresarial”, si eres comerciante Click aquí

Liquidación patrimonial

Es una etapa netamente judicial a la que se llega al fracasar la etapa de negociación de deudas, por nulidad del acuerdo o por el incumplimiento del acuerdo de pago.

¿Que se necesita para iniciar?

Deber una suma mayor de $50.000.000, en dos o más deudas de:

+ Créditos con entidades bancarias.

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Presentar mora en el pago de las obligaciones.

Tener una propuesta de pago a los acreedores teniendo en cuenta tus bienes e ingresos.

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Seguramente alguna vez has escuchado hablar acerca de empresas que han tenido algún tipo de problema económico y, en consecuencia, se han visto en la necesidad de declararse en bancarrota para poder así recibir la ayuda y los beneficios legales o financieros que la ley de insolvencia les ofrece y que le permite al empresario hacer frente a sus obligaciones. En esos casos, es probable que la empresa se haya acogido a la Ley de Insolvencia Empresarial.

El régimen de insolvencia empresarial

Desde el punto de vista legal, la insolvencia empresarial es un régimen especial que ayuda a las empresas a restablecerse cuando éstas experimentan un severo déficit económico, a tal extremo de no poder seguir cumpliendo con todos sus compromisos financieros. A esta ley pueden acogerse personas naturales comerciantes y personas jurídicas, con el objetivo de proteger su negocio ante posibles embargos o cobros de intereses, durante un tiempo específico.

En Colombia, el régimen de insolvencia empresarial está regulado por la Ley 1116, decretada por el Congreso de la República el 27 de diciembre de 2006. Esta Ley tiene por objeto, de acuerdo a su artículo 1, “la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización y de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de agregación de valor”.

En esta ley se establece claramente que la la finalidad de este instrumento es la preservación y conservación de la empresa, y el alcance que tiene el régimen de insolvencia empresarial es que esta pueda lograr acuerdos de pago con todos sus acreedores, así como la ordenada liquidación del patrimonio en caso del fracaso de la negociación de deudas.

¿De que se trata el proceso de reorganización y liquidación judicial?

Ahora bien, una empresa o persona natural comerciante puede ampararse bajo este régimen legal intentando un proceso de reorganización, el fracaso o incumplimiento del acuerdo de reorganización abre paso al proceso de liquidación judicial .

  • Proceso de reorganización: persigue preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, empleando para ello la reestructuración operacional de la compañía, así como de su parte administrativa, de activos y pasivos.
  • Liquidación judicial: esta se centra -como su nombre lo indica- en la liquidación rápida y ordenada de los activos de la empresa, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor

De acuerdo al art. 9 de la Ley 1116 de 2006, para poder dar inicio a este proceso, debe existir una cesación de pagos por parte de la empresa o una incapacidad de pago inminente.

Requisitos para acogerse a la Ley 1116 de 2006

Para acceder al proceso de reorganización, la empresa o persona natural comerciante debe cumplir con los lineamientos que describiremos a continuación:

Cesación de pagos: Según el mencionado artículo, el deudor estará en esa situación cuando se encuentre en mora por más de noventa (90) días con dos o más acreedores, o cuando tenga al menos dos demandas de ejecución presentadas por ellos. Así mismo, el valor de estas obligaciones debe representar al menos el 10% de la deuda total. Para las personas naturales comerciantes no contarán las obligaciones alimentarias, ni los procesos ejecutivos correspondientes a las mismas.

Incapacidad de pago inminente: En este caso, el deudor debe justificar “la existencia de circunstancias en el respectivo mercado o al interior de su organización o estructura, que afecten o razonablemente puedan afectar en forma grave, el cumplimiento normal de sus obligaciones, con un vencimiento igual o inferior a un año”. Esta causal no procederá para las personas naturales comerciantes.

Proceso de liquidación judicial

Por otra parte, el art. 47 estipula que este proceso podrá iniciarse únicamente cuando haya un “incumplimiento del acuerdo de reorganización, fracaso o incumplimiento del concordato o de un acuerdo de reestructuración de los regulados por la Ley 550 de 1999”; o se cumplan algunas de las causales previstas en el art. 49, tales como: que el deudor lo solicite directamente o abandone sus negocios, por solicitud de la autoridad que vigile o controle a la empresa, por petición conjunta del deudor y de un número plural de acreedores titular de no menos del cincuenta por ciento (50%) del pasivo externo, entre otras.

¿Ante quien se inicia el proceso?

Una vez se cumplan los requisitos legales antes expuestos para poder acogerse al régimen de insolvencia empresarial colombiano, estos deben ser presentados ante la Superintendencia de Sociedades o ante los jueces civiles del circuito correspondiente.

Otras consideraciones sobre el régimen de insolvencia

Para acceder a los beneficios de la Ley 1116 de 2006, no es imprescindible estar en una cesación de pagos o en un escenario de quiebra de la empresa: con solo demostrar encontrarse ante un riesgo inminente de entrar en esa situación, se podrá iniciar alguno de los procesos establecidos en el régimen de insolvencia empresarial.

Del mismo modo, es importante agregar que de acuerdo al art. 3 de la Ley, algunas empresas están excluidas del régimen de insolvencia, tales como las entidades promotoras de la salud, bolsas de valores, agropecuarias, entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, las sociedades de capital público, las entidades de derecho público, las empresas de servicios públicos domiciliarios, las personas naturales no comerciantes, entre otras.

Equipo de insolvencia ::  Abogados Especialistas
Brunal Abogados :: Cra 4 # 10-44 Oficina 906:: Cali, Colombia

tel: (57.2) 397 61 63 / 396 18 32
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Seguramente alguna vez has escuchado hablar acerca de empresas que han tenido algún tipo de problema económico y, en consecuencia, se han visto en la necesidad de declararse en bancarrota para poder así recibir la ayuda y los beneficios legales o financieros que la ley de insolvencia les ofrece y que le permite al empresario hacer frente a sus obligaciones. En esos casos, es probable que la empresa se haya acogido a la Ley de Insolvencia Empresarial.

El régimen de insolvencia empresarial

Desde el punto de vista legal, la insolvencia empresarial es un régimen especial que ayuda a las empresas a restablecerse cuando éstas experimentan un severo déficit económico, a tal extremo de no poder seguir cumpliendo con todos sus compromisos financieros. A esta ley pueden acogerse personas naturales comerciantes y personas jurídicas, con el objetivo de proteger su negocio ante posibles embargos o cobros de intereses, durante un tiempo específico.

En Colombia, el régimen de insolvencia empresarial está regulado por la Ley 1116, decretada por el Congreso de la República el 27 de diciembre de 2006. Esta Ley tiene por objeto, de acuerdo a su artículo 1, “la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización y de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de agregación de valor”.

En esta ley se establece claramente que la la finalidad de este instrumento es la preservación y conservación de la empresa, y el alcance que tiene el régimen de insolvencia empresarial es que esta pueda lograr acuerdos de pago con todos sus acreedores, así como la ordenada liquidación del patrimonio en caso del fracaso de la negociación de deudas.

¿De que se trata el proceso de reorganización y liquidación judicial?

Ahora bien, una empresa o persona natural comerciante puede ampararse bajo este régimen legal intentando un proceso de reorganización, el fracaso o incumplimiento del acuerdo de reorganización abre paso al proceso de liquidación judicial .

  • Proceso de reorganización: persigue preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, empleando para ello la reestructuración operacional de la compañía, así como de su parte administrativa, de activos y pasivos.
  • Liquidación judicial: esta se centra -como su nombre lo indica- en la liquidación rápida y ordenada de los activos de la empresa, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor

De acuerdo al art. 9 de la Ley 1116 de 2006, para poder dar inicio a este proceso, debe existir una cesación de pagos por parte de la empresa o una incapacidad de pago inminente.

Requisitos para acogerse a la Ley 1116 de 2006

Para acceder al proceso de reorganización, la empresa o persona natural comerciante debe cumplir con los lineamientos que describiremos a continuación:

Cesación de pagos: Según el mencionado artículo, el deudor estará en esa situación cuando se encuentre en mora por más de noventa (90) días con dos o más acreedores, o cuando tenga al menos dos demandas de ejecución presentadas por ellos. Así mismo, el valor de estas obligaciones debe representar al menos el 10% de la deuda total. Para las personas naturales comerciantes no contarán las obligaciones alimentarias, ni los procesos ejecutivos correspondientes a las mismas.

Incapacidad de pago inminente: En este caso, el deudor debe justificar “la existencia de circunstancias en el respectivo mercado o al interior de su organización o estructura, que afecten o razonablemente puedan afectar en forma grave, el cumplimiento normal de sus obligaciones, con un vencimiento igual o inferior a un año”. Esta causal no procederá para las personas naturales comerciantes.

Proceso de liquidación judicial

Por otra parte, el art. 47 estipula que este proceso podrá iniciarse únicamente cuando haya un “incumplimiento del acuerdo de reorganización, fracaso o incumplimiento del concordato o de un acuerdo de reestructuración de los regulados por la Ley 550 de 1999”; o se cumplan algunas de las causales previstas en el art. 49, tales como: que el deudor lo solicite directamente o abandone sus negocios, por solicitud de la autoridad que vigile o controle a la empresa, por petición conjunta del deudor y de un número plural de acreedores titular de no menos del cincuenta por ciento (50%) del pasivo externo, entre otras.

¿Ante quien se inicia el proceso?

Una vez se cumplan los requisitos legales antes expuestos para poder acogerse al régimen de insolvencia empresarial colombiano, estos deben ser presentados ante la Superintendencia de Sociedades o ante los jueces civiles del circuito correspondiente.

Otras consideraciones sobre el régimen de insolvencia

Para acceder a los beneficios de la Ley 1116 de 2006, no es imprescindible estar en una cesación de pagos o en un escenario de quiebra de la empresa: con solo demostrar encontrarse ante un riesgo inminente de entrar en esa situación, se podrá iniciar alguno de los procesos establecidos en el régimen de insolvencia empresarial.

Del mismo modo, es importante agregar que de acuerdo al art. 3 de la Ley, algunas empresas están excluidas del régimen de insolvencia, tales como las entidades promotoras de la salud, bolsas de valores, agropecuarias, entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, las sociedades de capital público, las entidades de derecho público, las empresas de servicios públicos domiciliarios, las personas naturales no comerciantes, entre otras.

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¿Que debe hacer para defender su derecho a la salud?

Insistir por horas, días, meses y hasta años en una entidad de salud para ser atendido, diagnosticado y medicado; llega a ser una tarea muy agotadora que todos quisiéramos evadir. Pero la salud es un derecho, ¿cómo hacer para valerlo?

Para muchos el servicio de salud no solo debería ser una garantía, sino también un servicio gratuito que respalde a los ciudadanos. Finalmente este derecho está ligado al desarrollo de la vida pues, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente.

¿Qué pasa cuando se está violando este derecho? ¿Se quedaría usted esperando a que las circunstancias mejorarán y que en algún momento las entidades de salud cumplieran con lo que deben cumplir? Resulta que usted puede pelear por sus derechos y acudir a mecanismos como el derecho de petición o la acción de tutela para que éstos sean defendidos y respaldados.

Puede que ya haya escuchado estos dos términos, ya que en los últimos tiempos se han vuelto famosos gracias a los demorados procesos de las entidades promotoras de salud, por escándalos como el paseo de la muerte, la falta de entrega de medicamentos o la demora de autorizaciones para los tratamientos.

Inclusive, se decretó a comienzos del 2015 la Ley 1751 con el fin de evitar que sucedieran situaciones como estas y así se busca “garantizar el derecho fundamental a la salud, regular y establecer sus mecanismos de protección”. Y es que según un informe de 2014 realizado por la Defensoría del Pueblo, desde el 2010 las acciones por reclamar el derecho de los servicios de Salud en Colombia, se incrementaron en un 25.2% alcanzando para 2014 un total de 118.281 tutelas.

Esto, para que comprenda la gravedad del asunto y se dé cuenta de que, efectivamente, usted puede proceder legalmente para que le cumplan sus derechos. Entonces, para que no se confunda porque no entiende ni el procedimiento ni los mecanismos y piensa que solo los abogados pueden ayudarlo, FP le explica cómo es el proceso para que actúe.

Lo primero: el derecho de petición

Antes de acudir ante un juez para accionar una tutela, debe elaborar un derecho de petición, que es un documento en el cual, según el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, puede solicitar a las autoridades alguna causa, por motivos de interés general o particular.

Entonces, en este paso tendrá que solicitar la prestación del servicio o preguntar por las razones por las que el servicio le ha sido negado. Así, debe escribir un documento dirigido a la EPS a la cual está afiliado, así que debe radicarse en la misma entidad. Es más, usted puede revisar en los sitios web de la entidad promotora de salud el buzón de requerimientos o peticiones, puesto que la gran mayoría ahora cuenta con uno de ellos.

Lo más importante, según Hernán Olano, docente de derecho de la Universidad de la Sabana, es que siempre titule la carta como “Derecho de petición”. Esto, para que después sea válido ante las autoridades y además sea un soporte para ejecutar una acción de tutela, que es el paso a seguir.

Según la Constitución, en el documento debe ir explícito el objeto de la petición y las razones en las cuales se apoya, es decir, los hechos o motivos, ya sea porque no ha sido atendido, porque no le han dado medicamentos o cualquiera que sea la razón. Para esto, lo mejor es apoyarse en el artículo 11 de la Constitución, que contempla el derecho a la vida que es el núcleo base del derecho a la salud, así como del derecho a la seguridad social.

Ahora, aunque suene insignificante recordarlo, no está demás decirle que es importante poner su nombre completo, el número la cédula de ciudadanía, así como la firma y su dirección de residencia, junto con teléfonos de contacto. Una vez tenga el documento, hable con su EPS para saber dónde radicarlo y no olvide hacer firmar también una copia del documento que radicó.

Tenga en cuenta que el tiempo que tienen las entidades promotoras de salud para solucionar o responder el derecho de petición, es de 15 días hábiles. Si para usted la respuesta no es clara o satisfactoria, puede insistir con la presentación del documento y esperar diez días más. Si tampoco es favorable, entonces podrá acudir a la acción de tutela.

Lo segundo: La acción de tutela

Según contempla la Constitución en el artículo 86, una tutela es útil para reclamar ante los jueces, la protección inmediata de sus derechos constitucionalmente fundamentales, cuando crea que éstos han sido vulnerados o amenazados, ya sea por una entidad pública o una particular.

Sabemos que para usted el tema puede ser complejo, pero el conocer esta información le hará proceder mucho más rápido: entonces, si no le pusieron cuidado a su derecho de petición, elabore una tutela. Esta vez no la presente ante la entidad, deberá llevarla ante un juzgado municipal penal o civil.

El documento no debe dirigirlo a la EPS sino al juez o al juzgado. Debe sustentar las razones de la interposición de la tutela, entonces escriba que ha sido vulnerado el derecho fundamental que usted considera le han violado o amenazado y recuerde también colocar todos sus datos completos: nombre, número de documento, dirección de residencia y firma.

No requiere de un abogado para presentar la tutela, lo puede hacer usted mismo. Adicional a ello debe soportar la tutela con la fotocopia del derecho de petición que anteriormente radicó en la EPS. Éste debe tener la firma, el sello de recibido o el confirmado. Así mismo debe llevar la fotocopia de su cédula y, como pruebas, puede anexar su historia clínica y las órdenes médicas.

Además es importante que solicite una copia de la sentencia, pues con esta puede ir presionando a la entidad.

Según el académico Olano, el juez tiene diez días para fallar. Inclusive si el caso amerita la urgencia de una cirugía o un tratamiento, puede conceder la tutela antes del tiempo. Si considera que la respuesta no es satisfactoria, usted puede impugnar el fallo y el juez civil del circuito tendrá 20 días, para que confirme o falle la decisión.

Si el juez falla a favor de la acción de tutela, entonces el juzgado será el encargado de notificar a la EPS. Si ésta omite la tutela, se considera incidente de desacato y usted puede ir a notificar al juez, quien procederá a enviarle una orden a la entidad promotora de salud para que cumpla.

De no hacerlo será multado con hasta 50 salarios mínimos vigentes o se podrá arrestar al representante legal de la entidad por un máximo de seis meses.

En términos jurídicos, el divorcio busca la disolución del vínculo matrimonial, o para el caso de las personas casadas bajo el rito del matrimonio católico hacer cesar los efectos civiles del matrimonio religioso. Es decir, que el estado de casado se extingue según las causales de ley o por mutuo acuerdo y da paso a un nuevo estado civil de soltero.

Respecto a los matrimonios religiosos, lo que acontece es que respecto del aspecto religioso y sacramental queda intacto ante la iglesia pero no así ante el Estado, ¿por qué cesan los efectos civiles? por el divorcio, pero con la salvedad de lo sacramental, siendo comunes para tales matrimonios las mismas causales de divorcio del matrimonio civil.

Las clases de divorcio

Ahora bien, cuando dos personas llegan al punto de no poder continuar con una vida en matrimonio, ya sea por decisión de uno o ambos cónyuges, lo más probable es que ocurra un rompimiento de la relación. Esta separación o alejamiento, desde el punto de vista legal, puede ocurrir mediante dos modalidades: el divorcio contencioso o por mutuo acuerdo.

Teniendo en cuenta las causales consagradas en la ley 25 de 1992 art 6º, número 9º; C.C. art. 154, al divorcio se puede llegar mediante dos modalidades:

  • Contencioso: mediante un proceso que se adelanta ante un juez de familia, probando una de las causales de divorcio, solicitándole al juez que decrete el mismo. Durante todo este proceso, se debe contar con la representación de un abogado experto en derecho de familia, este tipo de procedimiento legal puede comenzar a tramitarse por uno de los cónyuges sin contar con el aval o consentimiento del otro, es decir, que esta clase de separación formal ocurrirá cuando no exista un mutuo acuerdo. Su fundamento legal se encuentra en el CGP, art. 22 num. 1º, 28, num. 2º, 388, 389,598.
  • Mutuo Acuerdo: el divorcio por mutuo acuerdo puede ocurrir cuando ambas partes así lo deseen y es posible tramitarse ante un notario o un juez, siendo esta acción legal mucho más rápida que la anterior. De igual forma que el anterior requiere acompañamiento de abogado para su presentación. Los fundamentos de derechos se encuentran en la Ley 962 de 2005, art. 34; decr. 4436 de 2005; CGP, arts. 21, num. 15, 577, num. 10.

¿Cuáles son las causales para poder solicitar un divorcio contencioso?

Como ya lo hemos mencionado, cuando alguno de los cónyuges no está de acuerdo con realizar el divorcio, la otra parte podrá solicitarlo –representado por un abogado titulado- ante un juez de familia. Durante este proceso, la parte demandante de la separación deberá demostrar que su pareja ha incurrido en alguna de las causales establecidas en el artículo 154 del código civil colombiano, las cuales se enumeran a continuación:

  1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges.
  2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres.
  3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra.
  4. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges.
  5. El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica.
  6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o psíquica, de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial.
  7. Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente, o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo.
  8. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años.
  9. El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia.

¿Cuáles son los requisitos del divorcio de mutuo acuerdo?

A diferencia del tipo de separación legal anteriormente descrita, en este caso no se debe argumentar causal o motivo alguno de divorcio ante un notario o un juez de familia. Sin embargo, para que un divorcio de mutuo acuerdo tenga pueda realizarse, es indispensable que exista un total acuerdo entre los cónyuges sobre aspectos de especial cuidado, tales como los hijos producto de la unión en matrimonio, las propiedades adquiridas, entre otros. Con respecto a los hijos, la pareja debe haber definido -previo a la solicitud del divorcio- temas como:

  • La cuota de alimentos: por alimentos se debe entender todo lo que el menor necesita para su subsistencia, por lo que los padres establecerán una suma que cubra los rubros correspondiente a gastos de matrícula de colegio, mensualidades del colegio, salud, recreación, vestimenta, etc.
  • La custodia del o los menores: se refiere a que se debe establecer cuál de los padres tendrá la tenencia y el cuidado personal del menor.
  • El régimen de visitas: se le regula al padre que no posee la custodia.

Así mismo, en el caso de existir propiedades adquiridas durante el matrimonio, ambos deben acordar cómo se hará la repartición es decir a quien se la adjudica cada uno de los bienes, al igual que la se adjudican los pasivos tales como créditos hipotecarios, créditos de vehículo, etc.

Para acceder a la pensión de vejez en el Régimen de Prima Media (RPM), el cual es administrado por el Estado a través de Colpensiones, se deben cumplir los requisitos de edad y tiempo de cotización. A partir del 1° de Enero de 2014 la edad para pensionarse en Colombia aumentó dos años, lo que quiere decir, que actualmente la ley establece que la edad para que las mujeres se pensionen es a los 57 años y para los hombres es a los 62 años, en cuanto a el número de semanas de cotización la ley establece que son mínimo 1300 semanas cotizadas.

Por otro lado, para acceder a la pensión de vejez en el Régimen de Ahorro individual con Solidaridad (RAIS),el cual es administrado por fondos privados,se requiere tener ahorrado un capital que como mínimo financie una pensión equivalente al 110% del SMLMV, en caso de que no se logre ahorrar el monto necesario,se tendría en cuenta las semanas cotizadas las cuales deben ser 1150 semanas en la historia laboral para adquirir el beneficio pensional por Garantía de Pensión Mínima. El requisito de edad es el mismo que en el RPM, para las mujeres son 57 años de edad y los hombres 62 años.

Según lo mencionado anteriormente, en RAIS el valor de la pensión depende del monto del ahorro acumulado por el afiliado, a diferencia del régimen de prima media, el cual depende del tiempo acumulado y el salario base de cotización..Es importante tener en cuenta que los requisitos mínimos para pensionarse pueden variar de acuerdo a la norma aplicable ya sea en RPM o en RAIS.

 

Este tipo de pensión se concede a los trabajadores que han perdido el 50% o más de su capacidad laboral y que hayan cotizado como mínimo 50 semanas en los últimos tres (3) años anteriores al hecho causante de la invalidez.

La invalidez puede ser de origen común, o de origen profesional. La invalidez de origen común es cuando la causa de cuya enfermedad o accidente no tiene relación con el trabajo y que no ha sido provocada intencionalmente (artículo 38 de la Ley 100 de 1993), de la cual está a cargo los fondos de pensiones. A diferencia de la de origen profesional, que la pensión es cubierta por la administradora de riesgos profesionales (ARP), que como su nombre lo indica, es aquella invalidez que ha sido originada por un accidente de trabajo o una enfermedad laboral.

Las personas que tienen derecho a este tipo de pensión son los beneficiarios del pensionado o afiliado que ha fallecido. Los requisitos para acceder a esta pensión son similares a los de la pensión de invalidez, se requiere que el fallecido haya cotizado como mínimo 50 semanas en los últimos 3 años anteriores.

Existen dos tipos de beneficiarios, vitalicios y temporales.

Beneficiarios Vitalicios:

  • Es el cónyuge o compañero/a permanente que al momento del fallecimiento, tenga 30 años de edad o más, y que haya convivido con él en los últimos 5 años.
  • En caso de que el afiliado no tenga cónyuge ni hijos con derecho a la reclamación de la pensión, los beneficiarios serían los padres, solo si dependían económicamente del fallecido.

Beneficiarios temporales:

Es muy importante tener en cuenta que a el beneficiario temporal se le paga mientras que este vivo, y que el pago tiene una duración máxima de 20 años. Se consideran beneficiarios temporales a:

  • El cónyuge o compañero/a permanente que tenga menos de 30 años de edad y que no haya tenido hijos con el causante.
  • Los hijos menores y mayores de 18 años hasta los 25 años de edad, que por motivos de sus estudios no trabajen y que dependan económicamente del padre o de la madre al momento de su muerte.

En Colombia el proceso de divorcio puede hacerse de mutuo acuerdo o de forma contenciosa.

De mutuo acuerdo como su nombre lo indica es cuando las partes están de acuerdo en todos los puntos del divorcio, ya que habiendo o existiendo desacuerdo aunque sea en un punto ya no podría realizarse el divorcio por este trámite,el cual es un procedimiento mucho más expedito, que puede hacerse ante un notario, menos costo y finalmente más saludable para los cónyuges.

Si los cónyuges no logran ponerse de acuerdo respecto al divorcio, a la división de los bienes si los hay, y la regulación de la cuota alimentaria y custodia del menor en caso que existan hijos menores de edad, se debe iniciar un trámite de divorcio ante un juez de familia para que sea este, por medio de una sentencia y existiendo una causal legal para ello declare el divorcio y decida sobre todos los temas relacionados con él.

En Brunal Abogados hemos comprendido a través de nuestra experiencia que el proceso de divorcio representa una pérdida y conlleva un duelo para quienes lo atraviesan, nuestra misión desde Brunal Abogados & Asociados es brindar acompañamiento a las familias, protegiendo los intereses económicos de nuestros clientes y los derechos que les asisten a todos los miembros del núcleo familiar.

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